193. Octubre de 2009. www.forumenlinea.com
1.- Fabricantes de delitos y culpables
2,- Presidente del Desempleo.
Patricio Cortés
pcortesc@yahoo.com.mx
* Práctica común del Ministerio Público y jueces * Más simple obligar a
confesar un delito que realizar una investigación: Rafael Márquez Piñero * La
tortura, estadio de barbarie no superado * Abundan jueces y agentes del MP
“venales, incompetentes, ignorantes de leyes pésimamente interpretadas y
aplicadas” * Impera un sistema de resultados cuantitativos: Pilar Noriega * Incumple
el gobierno recomendación de la CIDH para liberar a Alfonso Martín del Campo
Dodd
La fabricación de delitos es una práctica común de nuestras autoridades, así lo
aseguran diversos especialistas y los hechos mismos. La prensa internacional se
muestra escandalizada de como nuestros jueces sentencian por delitos que
desafían el sentido común y nuestras autoridades con frecuencia ignoran las
recomendaciones de organismos en derechos humanos nacionales e internacionales.
Una indígena otomí, Jacinta Francisco Marcial, pasó tres años en la cárcel por
secuestrar a seis agentes de elite, con frecuencia los noticieros nos muestran
torturados aceptando decenas de delitos, resultó que los presuntos perpetradores
de la masacre de Acteal no fueron juzgados conforme a derecho, por tanto ahora
no se sabe ni quien es culpable y un largísimo etcétera.
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El doctor Rafael Márquez Piñero, especialista del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte a
Forum: “Para nuestros policías es más simple tomar a un inocente y obligarlo a
confesar un delito que realizar una efectiva investigación científica con un
buen protocolo de indagación, con buenas herramientas de peritaje, tomando todo
el tiempo que requiere un proceso de policía científica para poder llegar a un
culpable. Ésa es una cuestión”
Hay un proceso de fabricación de pruebas: “Los peritos desafortunadamente tienen
la presión de sus propios superiores para rendir los peritajes con rapidez, los
policías tienen la presión de sus propios comandantes para entregar resultados
lo mas pronto posible. El Ministerio Público tiene prisa para integrar un
expediente porque a veces lleva más de los que puede procesar y esto lleva a la
violación de la ley poniendo a un inocente como responsable de un delito”.
Añade: “El problema es la incompetencia de la autoridad que se le olvida que los
resultados se consiguen con trabajo, no con fuerza, y ya abdicaron a la
responsabilidad de dar confianza a los ciudadanos”.
“La sociedad ante un elemento que lastima, que causa alarma, tiende a tener
miedo y eso la lleva a presionar más a la autoridad para que cumpla su función.
Se requiere forzosamente encontrar al culpable. Eso impacta porque a la larga se
transforma en una presión para unas autoridades.
“Las sociedades democráticas a partir del siglo XVII y XVIII han venido
instituyendo una serie de mecanismos, precisamente para evitar que las personas
tengan que sufrir por un ejercicio abusivo y deshonesto de la autoridad, las
constituciones pretenden ser esa especie de barrera. El problema es que hay un
desplazamiento superlativo de la credibilidad hacia la autoridad y un descrédito
muy marcado del ciudadano. Si nosotros acudimos a los códigos de procedimientos
penales nos vamos a dar cuenta con que basta el dicho de un policía, una
averiguación previa ‘bien elaborada’ aunque no contenga la verdad, para que una
persona pueda pasar parte significativa de su vida en la cárcel”, explica el
jurista.
Ejemplifica: “Conozco el caso de una persona llamada Dionisio, no es Acteal y no
tiene foros periodísticos, pero estuvo todo un año en la cárcel. Ahora los
abogados decidieron demandar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal por una indemnización, pero hay un contubernio muy fuerte para evitar
que se le haga justicia, desechando un peritaje ilegalmente”.
Para quienes han ido a denunciar un delito no es desconocido que los agentes del
Ministerio Público le pidan que mienta en su declaración. Al respecto el jurista
comenta: “Nosotros no tenemos que mentir para que se nos haga justicia, si
nosotros vamos ante la autoridad siendo las victimas y decimos ayer sucedió esto,
es la obligación de la autoridad ministerial buscar los medios más idóneos de
prueba y dárselos al juez.
“Desafortunadamente no hemos superado todavía ese estadio de barbarie llamado
tortura, todavía organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía
Internacional nos dicen que tenemos infinidad de casos de torturados. El
problema básico es que mientras la confesión siga siendo la reina de las pruebas
y que la autoinculpación sea suficiente para que un juez emita una sentencia y
no exista una investigación policiaca científica que nos ayude a encontrar a los
verdaderos responsables del delito, nuestros primitivos ministerios públicos van
a ver más fácil inventar un caso”, afirma.
Nos explica que existen tres formas de sancionar los abusos de las autoridades:
1. La responsabilidad patrimonial, aunque sólo está contemplada para el Poder
Ejecutivo.
2. Privar de efectos al acto jurídico ilegal, es decir los medios de impugnación
y el juicio de amparo: “Sólo que éstos no nos ayudan a buscar la responsabilidad
de la autoridad que violó la ley. Yo no he visto ningún amparo donde un juez o
un tribunal colegiado digan en este caso resulta evidente que la autoridad violó
la ley y dese vista al Ministerio Publico o al juez competente para las
infracciones que pudieran haberse cometido”.
3. La responsabilidad personal del servidor público ante las instancias
administrativas, como las contralorías. Es poco funcional en los hechos,
considera Rafael Márquez Piñero.
Nos comenta que lo de mayor importancia en el derecho penal es la verdad
histórica, lo que efectivamente sucedió y que hecho se confirmó, mas pareciera
al revés: “Agarran a un raterillo de poca monta le ponen un AK-47 y lo presentan
como el líder de Los zetas. Parece ser que a nuestros jueces y ministerios
públicos ya no les importa la verdad, sólo les importa el número de evidencias
que hay en el expediente y después hacen unas interpretaciones bastante absurdas,
incluso ilegales en muchos casos y no pasa nada.
“Deberíamos preguntarnos cuántos inocentes hay en las cárceles porque no
pudieron pagar al abogado, porque no entendieron la acusación por jueces y
ministerios públicos venales, incompetentes, ignorantes de leyes pésimamente
interpretadas y aplicadas. Estamos en círculos viciosos que no se resuelven con
normas sino que requieren una reacción en donde se exija lo mínimo para el pacto
social, que las autoridades se apeguen estrictamente a lo que dice la
Constitución”.
De la misma forma critica a los jueces de consigna cuyas decisiones están
basadas en aspectos extrajudiciales para quedar bien y luego obtener otro puesto:
“Sería una investigación muy interesante ver qué puestos hoy ocupan, qué hacen
ahí, cómo llegaron, por qué llegaron. A mí de verdad me da pena leer algunas
sentencias porque creo que quienes las emitieron se les olvidó el derecho y hay
un sesgo muy claro”.
Pasamos al tema del controvertido arraigo: “Ante su incompetencia lo único que
se les ocurre es el arraigo, que es una violación a la garantía de libertad que
otorga la Constitución. Como el caso Michoacán que es emblemático, donde
presentan a unos presuntos responsables todos golpeados y después ellos dicen
que fueron torturados para confesarse culpables y nadie sabe nada. Al arraigo
podríamos llamarle la institución de la flojera, ‘No tengo pruebas pero creo que
es culpable, deténmelo mientras que yo investigo’. ¿Y luego: usted perdone?
Pilar Noriega García, representante de Abogadas y Abogados para la Justicia y
los Derechos Humanos, refiere a Forum: “El arraigo, de acuerdo con el Grupo de
Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas), es una práctica inconstitucional, dice que viola el derecho de libertad
de la persona, porque finalmente está detenida provisionalmente sin la
supervisión de un juez y sin un juicio previo”.
Critica el sistema de resultados cuantitativos: “Seguimos con la práctica de te
detenemos y luego averiguamos. Hay una práctica muy peligrosa de querer dar
resultados en base a números. Entonces entre cuanto más detenciones, más se
trabaja. Para que la sociedad vea cuanto se trabaja quieren dar muchos elementos
de cuantas personas han tenido consignadas, no importa si se hace o no justicia
y son números que resultan absurdos. A la policía auxiliar entre más detenidos
tengan, se le da un premio”.
Sobre la fabricación de culpables comenta: “En México en la misma exposición de
motivos del Congreso para la reforma penal del año pasado están reconociendo que
lo que existe es un sistema inquisitivo, donde la carga de la prueba es de la
persona acusada, es decir se presume culpable. Aunque en 1984 legalmente se
suprime la presunción de dolo, en la práctica sigue. En nuestro sistema basta
con que a una persona se le coaccione o se le torture para que acepte el delito
y terminó el asunto y eso ha traído por consecuencia el atraso de una auténtica
investigación profesional técnica”.
Sobre los torturados que sin rubor los noticieros televisivos del duopolio
presentan como delincuentes confesos, advierte: “La única vez que yo vi que se
hizo campaña en los medios del respeto a la presunción de inocencia fue cuando
lo de Mayito, cuando lo acusaban del homicidio de Paco Stanley. Fuera de eso la
persona que aparece en los medios ya propiamente está sentenciada. No hay el
medio de investigación apropiado profesional y por lo tanto, el peso lo sigue
teniendo la declaración de la persona aunque legalmente dicen que son las
presunciones. ‘Yo te detengo en tal lugar y se presume que eres culpable’, igual
y estabas por ahí echando un taco y detuvieron a tu lado al Mocha orejas o al
Chapo Guzmán”.
Afirma Noriega que “Por el miedo despertado por la inseguridad, hoy hay mucha
gente que ya no le importa que los torturen mientras no les toque a ellos”.
Resalta el hecho de que la mayoría de los presos en las cárceles mexicanas son
pobres, al respecto la defensora de los derechos humanos dice: “La Comisión
Interamericana que en su informe sobre la situación de los derechos humanos en
México hizo notar que el sistema penal mexicano lo que hace es perjudicar a las
personas de escasos recursos.
“Lo más grave es la falta de aceptación de las autoridades de reconocer que
cometieron un error y prefieren que una persona se refunda en la cárcel.
Desgraciadamente hay muchas Jacintas”.
Nos expone el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, el protagonista de la
primera recomendación que hizo la CIDH a nuestro país, misma que no fue aceptada:
“Lo que pasó fue que con los hechos anteriores a que México aceptara la
competencia de la Corte por eso no lo aceptó, no porque se tenga o no razón. La
CIDH ya resolvió que no hay elementos de responsabilidad, más que su confesión”.
Narra: “Lo golpean, lo encajuelan y se lo llevan, cuando aparece lo acusan del
homicidio de la hermana y su cuñado porque él vivía con ella. Es un caso que
muestra como las cosas se hacen mal porque conjuga muchas cosas. No solamente la
única prueba que lo inculpa es su declaración, sino que no se preservaron
pruebas indispensables, hubo un cuchillo que desapareció y luego apareció. Es la
recomendación 13 /02 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Detención
arbitraria, incomunicación y tortura). Es un ejemplo de cómo a una persona la
torturan y piensan que ya no necesitan más pruebas. Es un caso emblemático”.
Sobre el mismo caso el abogado del inculpado, Felipe Canseco, dice a Forum que
aunque hay recomendaciones de órganos internacionales para que se le conceda su
libertad, Alfonso Martín del Campo Dodd lleva preso 17 años.
“Lo forzaron a firmar una confesión fabricada a través de la tortura, cosa que
ya fue documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas Sobre Detenciones Arbitrarias”, informa.
¿Por qué no se ha cumplido la recomendación y sigue preso Alfonso?
—Porque el gobierno mexicano no ha querido cumplir. Nosotros estamos haciendo
todo lo posible para que esta persona pueda obtener su libertad, tenemos todos
los elementos jurídicos para lograr que su libertad suceda. Hay muchos más casos.
Aunque supuestamente la confesión dejó de ser la prueba reina, en la práctica
sigue siendo así. Por ejemplo, en el caso de Alfonso Martín del Campo la
confesión, en palabras de la octava sala penal del Distrito Federal, es la única
prueba sobre la que se soportó la sentencia. Los ministerios públicos siguen
ocupando la tortura y la invención de declaraciones.
Propone: “Debe haber una sanción para los policías judiciales que torturan y los
ministerios públicos, y ordenan que se siembren pruebas para resolver los casos
e inclusive debería investigarse a los jueces que toman decisiones chuecas”.
¿Qué porcentaje de los casos se sustenta de manera ilegal?
—Por lo menos el 70% de casos están viciados y adolecen de graves
irregularidades que incluyen o la tortura o la siembra de pruebas. Es el cálculo
que tenemos con una visión estadística basada en visitas a reclusorios. El resto
o tienen los acusados un alto poder adquisitivo o son situaciones que no dan
lugar a dudas como detenidos en flagrancia.
“Tenemos que romper la apatía y preocuparnos de lo que es la cuestión pública,
por ejemplo en Oaxaca estamos creando un observatorio ciudadano sobre la
procuración de justicia y las resoluciones judiciales que estamos impulsando.
Creemos que será un mecanismo para sacar de las catacumbas las irregularidades
que se cometen tanto en los ministerios públicos como en los juzgados. Un
antídoto es que se publiciten las marranadas”, adelanta el litigante.
Para concluir el doctor Rafael Márquez Piñero cuestiona: Nos tenemos que
preguntar si nuestro sistema está diseñado para apoyar a la sociedad frente al
delincuente o para prohijar los errores institucionales y garantizar la
impunidad en esos casos. ¿El régimen jurídico penal está diseñado para que la
sociedad cuente con justicia o para que la delincuencia vinculada a la
oficialidad quede impune y junto con ella cierta clase de criminalidad que hunde
sus raíces en los propios contextos oficiales?”
Embarazos de adolescentes, problema de salud pública
Lourdes Godínez Leal / CIMAC
cimac@laneta.apc.org
Como cada año –desde hace cuatro–, en México se conmemora el Día Nacional para
la Prevención del Embarazo no planificado en Adolescentes con los mismos
resultados: los embarazos en este sector de la población continúan sin disminuir,
persiste el rezago de las adolescentes al acceso de métodos anticonceptivos, la
demanda insatisfecha sigue incrementándose y las cifras sobre el tema son
escasas.
Tampoco se ha concretado una política pública eficaz para hacerle frente al que
se considera “un problema de salud pública”, según pudo constatarse en las
declaraciones de los responsables del tema de planificación familiar y salud
reproductiva.
De acuerdo con datos proporcionados por la titular del Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (CNEGYSR),
Patricia Uribe, la cobertura anticonceptiva para mujeres en edad fértil unidas
fue a 2006 del 39.4 por ciento, mientras que la media nacional para las mujeres
de 15 a 49 años se ubicó en 70.9 por ciento, lo que significa 12.8 millones de
usuarias.
La demanda insatisfecha (proporción de mujeres expuestas a un embarazo que no
usan métodos anticonceptivos pese a su deseo de limitar o espaciar los
nacimientos) fue de 36 por ciento para 2006.
En este sentido, datos del Consejo Nacional de Población de ese año estimaron
que en las adolescentes casadas o en unión libre de 15 a 19 años de edad la
disminución en el uso de métodos pasó de 45 por ciento en 1997, a 39.4 por
ciento en 2006. Y en las mujeres de 20 a 24 años, de 59.3 por ciento a 57.8 por
ciento.
De acuerdo con la SS, el 95 por ciento de las adolescentes conocen los métodos
anticonceptivos; no obstante, nueve de cada 10 tuvieron su primera relación
sexual sin protección.
Asimismo, no se ha podido incrementar el uso de métodos anticonceptivos en
adolescentes casadas o en unión libre de 15 a 19 años de edad que se ubicaron en
2006 en el 39.4 por ciento.
Según Uribe Zúñiga, existe una relación estrecha entre el nivel de escolaridad,
socioeconómico y de la zona en que las mujeres vivan (urbanas o rurales) con el
uso de métodos anticonceptivos.
Así, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) destaca
que el 15 y 17 por ciento de las mujeres sin escolaridad o hablantes de lengua
indígena desconocen los métodos anticonceptivos.
Mientras que la incidencia del embarazo en adolescentes es mayor en las zonas
rurales que en las urbanas. Para el caso del primero se dan 87 nacimientos por
cada mil nacidos vivos y en el segundo son 67 por cada mil nacidos vivos.
Las adolescentes unidas con baja escolaridad presentan mayor nivel de embarazos,
principalmente las de las zonas más pobres que aquellas que tienen mayores
oportunidades, dijo la directora del CNEGYSR.
Presupuesto
Patricia Uribe informó que a partir de 2006 hubo un incremento al presupuesto
destinado para la compra de anticonceptivos en la Secretaría de Salud y que éste
ha sido etiquetado, particularmente para la compra de métodos modernos dirigidos
a jóvenes y a zonas rurales, el cual se etiqueta a las entidades federativas
para la compra de anticonceptivos.
La funcionaria señaló que en 2007 se gastaron mil 800 millones de pesos en
planificación familiar, el 90 por ciento fue de gasto público y concretamente la
Secretaría de Salud destinó 748 millones de pesos para planificación familiar,
la mayor parte de estos recursos para la compra de anticonceptivos.
Desde 2009, indicó Uribe, el Seguro Popular tiene una fuente de financiamiento
dirigida a “acciones comunitarias”, que va directamente a los estados de la
República y el cual también se etiqueta para la compra de anticonceptivos.
Sostuvo que “hay dinero suficiente en el Seguro Popular para la compra de
anticonceptivos que se requieren”.
Un reto
Para la especialista en derechos sexuales y reproductivos y directora de IPAS
México, Raffaela Schiavon, para disminuir el embarazo en adolescentes –que no es
un fenómeno propio de México sino de América Latina– se necesitan decisiones
políticas y políticas públicas muy claras y un frente común de todas las
secretarías de Estado involucradas.
Hace falta salir del modelo “medicalizado” de prevención pensado en que las y
los adolescentes llegan a los servicios de salud a que se les preste un servicio
cuando lo que hace falta es una visión más amplia, ya que los adolescentes no
van con un médico para comprar un condón.
Consideró necesario terminar con los componentes ideológicos que impiden que las
y los adolescentes accedan a los servicios de salud e insistió en el trato
directo.
Cuestionada sobre los servicios y farmacias amigables, consideró que éstos
tampoco resolverán el problema, lo que debería haber, dijo, es un lugar a donde
los jóvenes puedan llegar y tomar condones (máquinas), donde puedan hacer
preguntas y haya pláticas de grupo.
En cuanto a las farmacias amigables, refirió que en México no hay personal
capacitado que pueda atender estas demandas de las y los adolescentes, por lo
que también se debe trabajar en el tema.
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Utopía
Presidente del desempleo
Eduardo Ibarra Aguirre
Mientras el señor que en campaña juró que sería el presidente del empleo y ahora
festina la creación de 200 mil --sin descontar a los 43 mil electricistas que de
un manotazo lanzó a la calle--, Eduardo Sojo García-Aldape no pudo serle fiel y
ocultar la devastadora realidad e informó que 3 millones de mexicanos carecen de
trabajo y que éstos crecieron en 84 por ciento en los primeros 34 meses del
sexenio convertido, sin hipérbole, en vía crucis para los mexicanos que padecen
una distribución del ingreso semejante a la que existía cuando estalló la
Revolución mexicana.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la
desocupación hasta septiembre pasado alcanzó una tasa de 6.41 por ciento, con lo
cual se llegó a una afectación histórica de desempleados, de una población
económicamente activa de 45.7 millones de habitantes mayores de 14 años de edad
que cuentan con trabajo o realizan acciones para obtenerlo. Las proyecciones más
pesimistas, a cargo de centros de análisis económico, previeron una tasa de
desempleo máxima de 6.30 por ciento.
Sólo de septiembre de 2008 a septiembre de 2009, de acuerdo a las cifras del
INEGI, un millón de mexicanos se sumaron al ejército de los sin trabajo.
En tanto, desde Cancún, Quintana Roo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
pretendió adelantarse a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y con la
acostumbrada retórica de las cuentas alegres, misma que divulga puntualmente la
Televisa favorecida con el pago diferido de mil 900 millones de pesos al fisco,
aseguró sin sonrojarse:
“La economía mexicana muestra claros signos de recuperación”, como la creación
de 200 mil empleos entre junio y la primera quincena de octubre. Ocultó, por
supuesto, a los 43 mil electricistas víctimas del autoritarismo policiaco y
militar. Sólo que la realidad está allí, respaldada con los datos duros del
INEGI, dirigido por su compañero de partido, pero no de sector, pues Sojo
proviene del Yunque y sus lealtades corresponden a Vicente Fox Quesada, de quien
fue gris secretario de Economía, heredado al michoacano de Morelia.
La hazaña de la abulia y la ineptitud del grupo gobernante –pese a la creación
de 54 mil puestos de director de área hasta subsecretario, lo que representa un
gasto de 125 mil millones de pesos anuales--, tiene la siguiente trayectoria. Al
inicio del sexenio del Haiga sido como haiga sido –hecho programa gubernamental
con la desastrosa Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado a partir
del 11 de diciembre de 2006--, la tasa de desocupación era de 3.47 por ciento en
una población económicamente activa de 44.4 millones de personas; al cierre de
2007 las cifras fueron 3.40 por ciento y 45.6 millones, respectivamente. A fines
de 2008 saltó a 4.32 por ciento de desempleados en una PEA de 45.2 millones.
Incontenible, la tasa de los sin trabajo arrancó en enero de este año con 5 por
ciento y a partir de julio incluyó a seis de cada 100. Y de éstos 69.9 por
ciento tienen instrucción media superior y superior.
No se observa voluntad política para producir un viraje en las políticas
económicas, envueltas en el griterío sobre “la crisis que viene de fuera”, como
si ésta no encontrara aquí el clima propicio para reproducirse, con el
inaplazable objetivo de hacer frente a este problema socioeconómico.
La aprobación del paquetazo en la Cámara de Diputados por el Anpri reconfirma la
ausencia de voluntad. Mas no es para subestimarse el repudio generalizado por
las izquierdas, el movimiento social y la iniciativa privada, incluido el
Consejo Coordinador Empresarial que encumbró en Los Pinos a Calderón. Sería
pertinente que sumarán esfuerzos para que el Senado limite cuando menos las
aristas más recesivas e inflacionarias del todavía proyecto.
Acuse de recibo
Desde Buenos Aires, Argentina, Nancy Patricia Azpilcueta apunta:
“Lamentablemente no sólo es Calderón contra las revistas, son también los
gobernadores y alcaldes, son todos los que tienen poder, los que siguen usando
la publicidad como castigo o premio a los periodistas. En el caso de Forum esta
estrategia fascista los dejó a ustedes confinados solamente en la red
cibernética. En el caso de Razones de SER no sólo nos hizo emigrar de México
buscando seguridad, sino que ahora estamos a punto de salir también del espacio
cibernético por no poder sostener el costo del aspecto técnico de nuestro
portal”… Felipe Zermeño López subraya sobre Disputa por los usuarios (19-X-09):
“(…) la derecha existe para defender un orden social de privilegios. Sí, pero
los privilegios que considera naturales o divinos del orden social que defienden:
los de la alta burocracia política, eclesiástica y militar y los de la gran
burguesía. Para los trabajadores, tabla rasa en lo bajo”… Empezaron a circular
los primeros ejemplares del libro De mojado a diputado. Memoria gráfica y
documental, de la autoría de José Jacques y Medina. Es de 334 páginas y
próximamente será presentado en ciudades de Texas y California, Estados Unidos.
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